11 M, más tierra de por medio

Al cumplirse 6 años de aquel nefasto atentado, el recuerdo de las víctimas y allegados, queda una vez mas suplido por el persistente acaparamiento político en los actos conmemorativos.

Seis años de incertidumbres donde todavía, se diga lo que se diga, no se han aclarado muchos hechos. ni detenido y juzgado a los verdaderos culpables.

Es inverosímil que los responsables de ese monstruoso atentado, perfectamente dirigido, coordinado y ejecutado, fuesen cuatro camellos de Lavapiés y un pringado asturiano de dudosa reputación.

Está claro que la instrucción dejó sin investigar muchos asuntos esenciales, como el tipo de explosivo que se usó, el origen de la famosa mochila que dio con la pista de los acusados, la evidencia de que se manipularon o borraron ciertas pruebas, activa o pasivamente, llegando a usar incluso productos químicos. ¿Hubo manipulación o negligencia?

Los partidarios de la línea oficial o de pasar página se agarran como un clavo ardiendo a que son hechos ya esclarecidos por haber sido investigados, juzgados y condenados por la Audiencia Nacional (falacia de la autoridad).

Pero el sumario judicial, pasó de puntillas sobre aquellos temas, sin profundizar sobre ellos e introdujo en la sentencia juicios de valor abstractos, como la exculpación de ETA y Al Quaeda y lo no necesidad de la existencia de autoría intelectual.

Es evidente que las mochilas explosivas estaban construidas con una sincronización y coordinación perfecta y se pusieron en el momento y sitio adecuados.

En las novelas policíacas, cuando el investigador no conoce al asesino, siempre indaga en lo que se llama el móvil del crimen, considerado como principal pista.

Parece claro que el atentado se produjo en una fecha elegida y con la intención de crear la suficiente confusión para hacer variar el resultado electoral que, a la sazón, todas las encuestas daban como holgado vencedor al PP, entonces en el poder.

Se produjo también días después de que la Guardia Civil interceptara, en una carretera de Cuenca, a miembros de ETA, con una furgoneta cargada de explosivos.

Resulta evidente que tuvo que existir una organización estratégica y una disposición táctica, planeada por un perfil de inteligencia que no coincide precisamente con los condenados. Con los avances científicos en relación a las técnicas de obtención de ADN celular, son cada vez mas los casos de errores judiciales, en los que gente acusada y condenada, se demuestra inocente. Con esto quiero decir que los jueces no son infalibles. En todas las épocas existen ejemplos de sentencias judiciales erróneas.

¿Está bien instruida, investigada y juzgada esta causa?; ¿Son seis años suficientes para llegar a saber la verdad sobre hechos de este tipo?; ¿Hubo precipitación en “conocer la verdad” y saltarse determinadas investigaciones esenciales en la misma?

Siempre que se escribe un artículo de este tipo su autor es tachado como partidario de la “teoría de la conspiración”, sin intentar rebatir ninguna de las interrogantes que se plantean. Esto en un claro ejemplo de falacia ad hominem.

Recuerdo que cuando surgió la Gripe A, los técnicos oficialistas respondían a los recelos que esta despertaba en este mundo de libertad que todavía nos queda, que es Internet, alegando que siempre que surgía algún problema social o sanitario, surgía dicha teoría de la conspiración. Como si la conspiración no fuese posible. Ya sabemos como ha terminado todo.

El 11M fue en todo momento dirigido por intereses partidistas. Los del PP en el gobierno, intentando demostrar que ETA intervino (lo que legitimaba su política de duro hostigamiento a los terroristas vascos) y la oposición, que fue el fundamentalismo islámico como consecuencia de la participación del gobierno en la guerra de Irak en contra de la opinión mayoritaria.

Desde el mismo instante de la explosión, la partitocracia y medios afines engulleron el monstruo manipulándolo a su antojo. Se politizó el sufrimiento, la investigación, el tribunal, el juicio y la sentencia.

¿Podremos los ciudadanos conocer algún día la verdad?

La reforma del profesor Ramón Peralta

Publico esta interesante propuesta del RAMÓN PERALTA MARTÍNEZ. Profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, en la que se expone una reforma de la constitución que supondría la consecución de la democracia formal, tal como defiendo en esta bitácora.

1. España, patria común e indivisible de todos los Españoles. España es una Nación histórica, cultural y política constituida en Estado democrático de Derecho cuya soberanía política radica en el pueblo español como sujeto étnico-político concreto de donde emanan todos los poderes del mismo. La soberanía nacional es una conquista colectiva de nuestro pueblo cuya unidad política fue resultado de un largo y complejo proceso histórico (Reconquista, unión definitiva de Castilla y Aragón) y que hace de España una de las primeras naciones de Europa tanto en cuanto al momento de su constitución - siglo XV - como a su dimensión geo-política, económica y cultural; una unidad e independencia que consideramos un valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico-político y de la que se desprenden beneficios para la práctica totalidad de los ciudadanos. La soberanía nacional del pueblo español, proclamada en las Cortes de Cádiz (1810-1813) como nuestro poder constituyente originario, es infraccionable. No existen diferentes "naciones estatales" en el ámbito político español, con lo que es absurdo cualquier planteamiento federal, siendo España un cuerpo político unitario-solidario.

2. Estado Constitucional. Primacía de los derechos fundamentales y división de poderes. Un Estado reducido y eficaz, siempre al servicio de la Sociedad Civil. Concebimos los poderes públicos como protectores de los derechos y libertades de los ciudadanos, aseguradores del orden público y garantes del principio de igualdad de oportunidades. Reforma de la Constitución vigente en el sentido de las propuestas que seguidamente se plantean. El principio de constitucionalidad que caracteriza al moderno Estado democrático de Derecho, garantiza la primacía de los derechos individuales como derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y preexistentes a toda organización estatal, así como garantiza también la vigencia efectiva del principio de la división e independencia de poderes - dogma constitucional -, de modo que una circunstancial mayoría parlamentaria alcanzada electoralmente por un partido político no pueda convertirse de hecho en una "tiranía democrática" al quedar sometida la validez de las leyes a su adaptación a las normas y principios constitucionales.

Elección popular y por separado de los poderes del Estado (Democracia Constitucional):

Ejecutivo: elección presidencial en circunscripción nacional única. El jefe del Poder Ejecutivo es elegido directamente por el pueblo por mayoría absoluta y podrá vetar las leyes aprobadas por las Cortes. En este caso para aprobar la ley vetada se requerirá mayoría cualificada de dos tercios de las Cortes.

Legislativo: elección parlamentaria separada de la elección presidencial. Las Cortes Españolas podrán destituir al jefe del Poder Ejecutivo por incumplimiento de sus funciones o falta grave. Elección del diputado personal en distritos uninominales.

Judicial: elección popular de los fiscales de distrito como perseguidores públicos del delito. Exigimos una justicia independiente de los otros poderes, con un Ministerio Fiscal desvinculado del Gobierno. El Poder Judicial, presidido por el Tribunal Supremo, no es un poder político sino un sector autónomo de la Administración conformado por profesionales del Derecho. Supresión del Tribunal Constitucional: la justicia constitucional será competencia de una sala de lo Constitucional en el Tribunal Supremo.

Así pues, separación estricta de los poderes tanto en su elección como en su función como mejor garantía frente a la corrupción pública y para la libertad efectiva de los ciudadanos. El pleno ejercicio de los derechos constitucionales (civiles, políticos, económicos) se vincula a la posesión de la nacionalidad española. Prohibición legal de la acumulación de cargos públicos y limitación legal de mandatos.

3. Reforma fiscal. Recuperación del concepto de contribución frente al de impuesto. Impuesto es un concepto propio del pensamiento estatista y totalitario. Los ciudadanos deben contribuir por los servicios que reciben del Estado como mantenedor de un sistema de solidaridad nacional centrado en las necesidades de seguridad, educación y sanidad públicas existentes (IRPF, sociedades, actividades económicas). Supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y de los impuestos al consumo.

Todo ciudadano tiene derecho a la “cuenta fiscal” donde se especifique:

las contribuciones debidas por los servicios recibidos

las contribuciones de solidaridad pagadas, detallándose los conceptos de destino

compensaciones recibidas con expresión de las cantidades y conceptos de percepción.

4. Reforma de la organización territorial del Estado. Potenciar la autonomía municipal en detrimento del Estado de autonomías políticas vigente, que favorece un ultra-regionalismo reivindicativo, insolidario y desnacionalizador, francamente trasnochado además de muy costoso para el bolsillo de los ciudadanos, un Estado ultrarregionalizado en el que se solapan y duplican las competencias estatales y regionales que empieza a generar desigualdades entre los ciudadanos españoles e, incluso, amenaza con romper la unidad de mercado. El municipio es la histórica entidad político-administrativa próxima al ciudadano quien interviene directamente en la conformación de su órgano de gobierno, el Ayuntamiento. Elección directa del Alcalde en doble vuelta ( si no alcanza la mayoría absoluta en la primera elección) y elección separada por criterio mayoritario de los concejales que representan a los barrios y distritos, los cuáles conforman el Concejo como asamblea representativa, controladora y deliberante del Municipio independiente de la Alcaldía.

Consideración de la Provincia como Comunidad de Municipios, entidad arraigada social e históricamente en nuestro pueblo, y cuyo órgano de gobierno, la Diputación, se conformará a partir de la participación de los distintos municipios que constituyen la Provincia-Comunidad reunidos en Juntas Generales, en el seno de las cuáles se elegirá al Diputado General. Determinación constitucional de las competencias de Ayuntamientos y Diputaciones como verdaderas comunidades autónomas, ejes de la descentralización político-administrativa (el Poder Municipal). Por un Estado de autonomías territoriales escasamente oneroso para los ciudadanos, verdaderamente representativo y realmente enraizado en nuestra sociedad.

5. Reforma electoral: ¡Alto a la partidocracia! ¡Por la libertad política de los ciudadanos!. Superar la crisis de representatividad, la ineficacia de los cauces de participación y el déficit democrático reformando el gobierno oligárquico-burocrático de las cúpulas de los partidos políticos -sin democracia interna-, instituyendo un régimen electoral que otorgue a los ciudadanos unos derechos políticos efectivos, de modo que designen y controlen realmente a sus representantes de distrito, superando definitivamente el concepto de "mandato representativo" a favor de un mandato imperativo flexible de distrito. Reconocimiento y garantía efectiva de la libertad política de los ciudadanos con la devolución plena de sus derechos políticos.

Organización electoral del territorio nacional en distritos uninominales en razón de 1 diputado cada 100.000 habitantes (para el diseño objetivo de los distritos se tendrán en cuenta distritos municipales, municipios, partidos judiciales y provincias). Sistema mayoritario a doble vuelta. Se trata de elegir al diputado personal de distrito por mayoría absoluta, personalizando así la representación de los electores del distrito que, de este modo, puedan ser conscientes de sus intereses objetivos. Si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta de los votos en el distrito se procederá a una segunda vuelta en la que participarán los dos candidatos más votados en la primera. Como complemento proporcional, la quinta parte de los diputados a Cortes se elegirán a partir de listas nacionales de partido en circunscripción única por la fórmula proporcional pura. Así pues, el elector podrá escoger en la misma elección al diputado de distrito y a una lista de partido.

En cada distrito electoral se constituirá un Comité de Electores que velará por la representatividad del diputado electo pudiendo, incluso, destituirle mediada la legislatura por incumplimiento grave de su compromiso con los electores, compromiso fijado solemne y públicamente ante su distrito en el día de su proclamación como representante del mismo. Una sola Cámara de representantes: las Cortes Españolas. Control de la financiación pública de partidos políticos y sindicatos que se reducirá al máximo. Democracia interna en los partidos políticos: obligación legal de celebrar elecciones primarias para la designación de los candidatos. Referéndums ciudadanos para decidir las leyes principales aprobadas previamente por las Cortes, no bastando, en estos casos, la mera aprobación por los representantes.

FALACIA DE LEY

Uno de los principios que mas predicamento tiene en este régimen de poder, es el supuesto carácter esotérico de la ley. Esta solo pueden elaborarla e interpretarla los abogados, como doctos en la materia y todos los demás debemos atenernos a dicha hermenéutica, necesaria para garantizar la seguridad jurídica.
Esto, evidentemente, esconde una gran falacia. Primero porque la ley debe ser una norma de convivencia, un pacto entre iguales para garantizar la integridad pacífica de la sociedad. En una democracia auténtica, organizada por sus ciudadanos que son los que deciden que leyes quieren y como las desarrollan a través de sus representantes, aquellas tienen que ser necesariamente de clara redacción e interpretación, para cualquiera que sepa leer y escribir.
En segundo lugar, porque cuando no ocurre lo antedicho, es cuando los textos legales devienen ininteligibles, contradictorios y sujetos a diferentes interpretaciones. La norma, al no ser producto de un acuerdo, no se cumple, que es lo que ocurre con las leyes en este país. No son “nuestras leyes”. Son “las leyes”.
Y en tercer lugar es la aceptación de ese carácter corporativista de la ley y la exclusión interpretativa del resto de ciudadanos, la que produce la interpretación interesada de la misma, su aplicación oportunista de acuerdo a las circunstancias políticas, consolidando así, la arbitrariedad del poder y por tanto fulminando la seguridad jurídica.
Esto significa excluir al ciudadano de la ley. Y por tanto, excluirlo de la herramienta fundamental para cimentar la vida política y social, que es la base de la democracia. Es el suelo en el que se sustenta la integridad moral de la sociedad civil.
En este régimen donde no hay separación de poderes en origen, donde el partido que manda en el parlamento, solo o en coalición, gobierna y elige a los jueces, la ley se convierte en el arma arbitraria que elabora, guarda y usa a voluntad con el único control de la opinión pública fabricada por unos medios de comunicación subvencionados y condicionados por peligrar su propia subsistencia. Este es el principio de la corrupción moral del régimen, que es la madre de todas las corrupciones.
Esto explica que se puedan elaborar leyes claramente inconstitucionales, que puedan entrar en vigor sin ningún control, ni obligación de cumplimiento y que se puedan interpretar a voluntad, de acuerdo con lo que va aconteciendo.
No son nuevas las presiones a las que se está sometiendo al Tribunal Constitucional por el tema del Estatuto catalán; ya ocurrieron en otros períodos de la historia reciente. Fue sonado el caso en el año 1983 por la injusta expropiación de la empresa Rumasa, del jerezano José Mª Ruiz Mateos. El, a la sazón, presidente del tribunal Manuel García-Pelayo, que deshizo el empate por su voto de calidad, se retiró y murió de remordimientos de conciencia por dicha decisión.
Cuando la ley no parte de abajo arriba, sino al revés; cuando no existe representación ni representatividad políticas, sino listas cerradas de partidos; cuando no hay separación de poderes, sino separación de funciones administrativas del mismo poder; cuando no existe libertad de pensamiento, sino unanimidad de editoriales de la prensa subvencionada, es imposible que existan leyes justas, ni garantías jurisdiccionales, ni seguridad jurídica.
Ahí se dibuja el declive de la sociedad civil y la exaltación de la clase política soberana.
Aún estamos a tiempo para evitarlo. Todavía nos queda este espacio de libertad. No lo desaprovechemos.

CONSENSO SOBERANO

Cuando era un adolescente, con Franco todavía presente, había un cura en mi pueblo adoptivo (Tuéjar), que se llamaba D. Samuel, con el que realizábamos actividades culturales. Como entonces ya se hablaba de democracia y él era el director de las actividades, cuando se llegaba a alguna decisión que debiera satisfacer a todos, pronunciaba siempre las mismas palabras: democracia popular. Entonces decidíamos a mano alzada la propuesta que representaba la mayoría.
De esa manera aprendí la regla consustancial de la democracia, la regla de la mayoría.
Los que habían optado por la elección perdedora, aceptaban como suya la propuesta mayoritaria sin rechistar.
En este régimen de poder, las decisiones se eligen por consenso. Es decir, no basta con la decisión del partido mayoritario, sino que necesita la aquiescencia de todos los demás.
Para que haya consenso hace falta que el poder esté en pocas manos (oligocracia), para que sea mas fácil el acuerdo.
Si se entiende la política como la lucha por el poder mediante medios legítimos y democracia como la acción política que se dirime por la sacrosanta regla de la mayoría, el consenso al ser un acuerdo, desvirtúa la representación, constituye un fraude a los electores y niega la propia esencia de la democracia, así como la propia acción política.
El consenso está asentado en la bajeza y felonía morales, pues esos acuerdos suponen, en no pocas ocasiones, la renuncia de los principios y convicciones propias (posibilismo). Así ocurrió en el pacto de la transición cuando comunistas y socialistas renunciaron a su pasado republicano y revolucionario para ingresar en la monarquía capitalista de los partidos.
Es la inseguridad del gobernante ante el poder total, por falta de controles, la que exige el acuerdo unánime y por tanto, es la base de los principios políticos en los que se basa este régimen: relativización e incumplimiento de las leyes, razón de estado y corrupción institucional, moral y económica.
Si soberanía se entiende como el poder absoluto, si soberano es el ente no ligado a ninguna ley natural y no reconocedor de nada superior a él, en este régimen la soberanía reside en el consenso y no en el pueblo, como falazmente se afirma en la Constitución de 1978.
En democracia donde no hay un poder sino varios, para que se controlen entre ellos, no es posible el consenso, sino la acción política controlada en último termino por los ciudadanos que, en uso de su libertad política, pueden elegir a sus representantes y revocarlos en su caso.
No puede haber consenso entre electores libres; sí, en el reino de los partidos sin control.

VICTIMAS DE LA PARTITOCRACIA

José Borrell, Manuel Pimentel, Jordi Sevilla, Pedro Sorbes, Cesar Antonio Molina, Ricardo Costa… son nombres, muchos de ellos recientes, que han sido expulsados por el régimen en el terreno de juego donde se libra la verdadera lucha por el poder.
Un juego sin árbitros y que pone y quita jugadores a su antojo, donde el arma predilecta para desahuciar al rival es su implicación en casos de corrupción, que está generalizada en este sistema nauseabundo, que nos conduce a la deriva económica, social y moral.
Dice un buen amigo mío que, lo mas seguro es que, Ricardo Costa al ser expulsado, se trate de una persona honrada. Puede ser. De hecho, de los citados de memoria al principio, no parece que hayan tenido ingresos irregulares en política y han vuelto a sus trabajos de origen. Pero el apoyo, la participación y la justificación de este régimen de poder, muestra cuanto menos indignidad y un cierto nivel de corrupción moral.
Cualquier persona decente debería declinar su participación en este lodazar, mientras no se produzcan las reformas que garanticen la implantación de la democracia formal, única forma de eliminar la corrupción e imponer un marco de participación política a todos los ciudadanos, es decir, la libertad política.
Dijo Alfonso Guerra que aquí el que se mueve no sale en la foto. Que gran verdad; si no que se lo preguntes a cualquiera de los mencionados. Todos ellos, en contra de sus ambiciones, han probado la amarga medicina de verse fuera de los círculos del poder.
En su mayoría, renuncian a su condición borreguil como parlamentarios donde deben asistir como convidados de piedra a las exigencias del jefe de partido, cuando no pueden ocupar otros cargos que sacien su pasión de poder.
Lo más doloroso para esos “sacrificados” de la partitocracia es la extinción de su derecho a la participación política. Derecho que deviene nonato en la sociedad civil. Por eso, al reintegrarse en esta, esperemos que se conciencien del valor de su pérdida y acaben reclamándola como ciudadanos, reconociendo la impostura de los partidos a los que han servido, que no funcionan democráticamente y sin embargo monopolizan la actividad política de un régimen, que curiosamente se hace llamar “democracia” y es precisamente de lo que carece.
Bienvenidos sean, al mundo de las víctimas de la partitocracia.

DEGENERACIÓN OLIGÁRQUICA

Cuando el PP ganó las elecciones de 1996, Aznar incumplió su promesa de “regeneración democrática” y se perdió una gran oportunidad de, por lo menos, volver al estado de 1978, torticeramente transformado en el mandato socialista de Felipe González (1982 – 1996), que suprimió todo rastro de independencia judicial, elemento clave para el control del poder.
Con la derrota electoral del PSOE, Aznar consideró depuradas las responsabilidades políticas y penales de una etapa socialista plagada de corrupción y crímenes de estado, en lo que fue conocido como “pacto de silencio”. Decidió “pasar página”, con la errónea creencia que una vez amarrado al poder, nunca lo perdería si gobernaba con honradez, habiendo visto lo sucedido.
El poder judicial, a la sazón ya totalmente politizado, actuó por venganza de un Garzón despechado al no haber satisfecho sus ambiciones políticas, pero no pudo o no quiso llegar hasta el final y solo puso una interrogante “X” aureolando al presidente saliente.
Las consecuencias no han podido ser peores para Aznar, para su partido y para el régimen. Como un tragicómico boomerang, el que lo tiró recibe en plena cara la implicación de su familia y su partido en una trama corrupta análoga a la de antaño, cuyas consecuencias políticas lo impulsaron al poder.

Así las cosas, la sociedad civil se pregunta a quien votar, dada la corrupción que asola a la clase política y al desastre económico, junto a la patente incapacidad del gobierno actual para combatirlo. Un gobierno que ya no convence ni a sus aliados parlamentarios, que son las minorías nacionalistas periféricas que tienen los pocos escaños que le faltan para la mayoría absoluta y que venderán cara su participación en este aquelarre de gasto y desfalco del Estado.

La única solución es darle jaque mate definitivo a esta oligarquía de políticos corruptos mediante la acción ciudadana, reivindicando el presidencialismo democrático para que se pueda gobernar sin presiones y la libre elección de los representantes de distrito por voto mayoritario. Estas medidas, junto a la instauración de un poder judicial independiente de los políticos, son las que acabarán con la corrupción, primero, con los conatos independentistas, después y pondrán las condiciones para el noble ejercicio de un gobierno que actúe con el respaldo de la mayoría de la nación española.

SOLUCIÓN NEFASTA

La solución ideada por los ideólogos de esta partitocracia en la transición, para hacer frente a los nacionalismos regionales de España y puesta en marcha como el “Estado de las Autonomías”, ha devenido nefasta y está provocando poco a poco, pasito a pasito, justo lo que se intentaba evitar, la desintegración de España.
La inmersión lingüística, la deformación histórica y el adoctrinamiento como principales herramientas de los oligarcas nacionalistas regionales, está degradando la convivencia de la población en estos territorios y ganando adeptos en la población joven que es más vulnerable a la manipulación intelectual.
El reciente referéndum cuya celebración se ha permitido en Arenys de Munt, primero de una serie de ellos producto de una estrategia perfectamente planificada, pone sobre la mesa las mismas conclusiones que ya acontecieron con el Estatut:
1. Que el pueblo de Cataluña, tengo que recordar que en este se incluyen también los no catalanistas, pasa olímpicamente de las majaderas ocurrencias de los partidos políticos, como queda acreditado con la presencia de lo trabajadores en la díada, con pancartas de “mas trabajo y menos estatut”:

2. Que no es legítima ninguna consulta cuya participación no alcanza la mayoría de los ciudadanos.
3. Que para lo único que valen estas consultas es para la exhibición nacionalista, con vistas a socavar el ánimo del resto de españoles.
4. Que la falta de autoridad de un gobierno que permite textos de estatutos que van contra la letra de la constitución o celebración de referéndum que son de su exclusiva competencia, permite ese exhibicionismo en detrimento al resto de la población, que con su abstención deslegitima la consulta.

Ya hemos comentado en esta bitácora la falacia en la que se apoya el presunto derecho de autodeterminación. La nación no son los habitantes censados, con derecho a voto en un momento dado. A la nación pertenecen las generaciones pretéritas, presentes y futuras y estos asuntos no dependen de la voluntad individual actual. Como tampoco pueden la mayoría de hermanos negar su paternidad o lugar de nacimiento.
Cataluña y Euskadi nunca han sido naciones ni se planteó dicho supuesto hasta los albores del siglo XX, consecuencia de los desastres del 98. Es a partir de ahí cuando catalanes y vascos nacionalistas, tienen que empezar a buscar sus símbolos y no en épocas anteriores. Ni hay que retrotraerse al reino de Aragón, ni a las guerras carlistas ni a la de sucesión de 1702; líderes como Zumalacárregui o Casanova, no luchaban por otra cosa sino por la patria española.
Por supuesto que hay que respetar los que defienden el derecho a una Cataluña y Euskadi, independientes. Pero a la reciproca, también estos deben respetar la opinión y los derechos de sus paisanos que reconocen esos territorios pertenecientes a España, que están además apoyados razonablemente por el devenir histórico y por la existencia, de hecho y de derecho, de una nación española.
Estamos asistiendo a un intento de imposición de una ideología nacionalista inmersa en unos partidos que no se constituyeron en la sociedad civil como producto de un periodo constituyente, consustancial con todo proceso democrático. Los partidos fueron impuestos en el pacto de la transición y por tanto, ni nacieron de los ciudadanos ni los representan.
La solución a este problema no es imponer el nacionalismo español, como se vislumbra por la presencia de falangistas en el referéndum o por la única propuesta de la oposición del PP a estas situaciones, sino la organización de la sociedad civil para ejercer su libertad política y poder elegir a sus representantes en el Parlamento y al Presidente de la nación española. Con la descentralización del poder en los municipios y la creación de distritos para elegir representantes, no harán falta las comunidades autónomas.
Los ignorantes políticos que votaron sí en Arenys de Munt, no se dan cuenta que lo único que están haciendo es manifestar su consentimiento a cambiar de amo dentro de su servidumbre a los políticos.
Donde exista la libertad política no hará falta el adoctrinamiento y sentimiento nacionalistas. Ni el español, ni el catalán, vasco o gallego.